LA MUERTE DE YULIANA SAMBONÍ Sigue siendo una tortura para su familia…

Por: Rodrigo Ariza

JUDICIAL / Nación. ¿Qué dirán de esto, los que manejan las leyes y la justicia en Colombia?, y para poner en contexto este artículo, analizáremos el caso de la familia Samboní después de los crueles momentos que padeció la niña Yuliana Andrea Samboní Muñoz, secuestrada, violada y asesinada por un depravado que la subió a su elegante camioneta para luego cometer actos de humillación sexual, hasta quitarle la vida.
El horrendo crimen que conmovió a todo el país, ocurrió el 4 de diciembre de 2016, la víctima fue una menor indígena de 7 años de edad y proveniente de un hogar humilde.
El crimen fue perpetrado por el arquitecto de 38 años Rafael Uribe Noguera, miembro de la sociedad bogotana y perteneciente a una conocida y acaudalada familia, quien por efectos de las drogas cometió este macabro delito.
Esta fue la noticia que repudió la sociedad colombiana, generada en el sector de Chapinero Alto en la capital de la república, en uno de los apartamentos del edificio construido por la familia de Uribe Noguera.
El director de Medicina Legal de entonces, Carlos Valdés, precisó que la muerte de la niña fue por asfixia mecánica, por sofocación y estrangulamiento.
En el cuerpo de la menor hay evidencia que demuestra que fue objeto de abuso sexual.

Rafael Uribe fue condenado a 51 años y diez meses de prisión y a pagar 100 salarios mínimos, que son equivalentes a 74 millones de pesos colombianos o unos US$25.400.
Pero aquí hay que hacer claridad:
El dinero de la multa fue para el Estado y no para la familia Samboní.
El monto no es el correcto. Enfatizó Ricardo Posada, profesor especializado en derecho penal de la Universidad de Los Andes, y explicó que -Deberían ser unos 1.300 salarios mínimos, algo asó como 958 millones de pesos o US$335.000, multa que está dentro de lo establecido en la normativa para el delito de secuestro.
Hoy, más de tres años después, la familia Samboní no solo está en el olvido del Estado y la justicia, se encuentran viviendo la peor crisis económica que no habían imaginado.

Juvencio Samboní quien había llegado a Bogotá como albañil y con el deseo de construir un mejor futuro para su familia, después del vil asesinato de su primogénita hija regreso al Cauca, su tierra natal, y allí nadie lo emplea porque piensan que él tiene mucho dinero, producto de la millonaria indemnización que no ha recibido.
La familia de Yuliana no ha recibido el subsidio de vivienda que les prometió el Gobierno.
El 29 de junio de 2017 la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, a pesar de esto salieron exonerados y según informaron, ya vendieron los bienes. Ahora los Uribe Noguera tramitan beneficios para Rafael Uribe.
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No es justo, es la posible frase de quienes leen este artículo, y las preguntas obligadas son: ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas?, ¿No tiene suficiente dinero el Estado para reparar la situación que vive esta agobiada familia?, ¿Hasta cuándo se fomentará tanta injusticia en este país?

Juvencio, Nelly Muñoz su esposa, Nicol su otra hija y todos los colombianos seguiremos esperando que las oportunidades lleguen y que la justicia aparezca con su justo peso y medida para los Samboní y que no permanezca la impunidad beneficiando a unos y maltratando y desamparando a otros…